- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Finalmente ha sido la ciudad de Tel Aviv la elegia para celebrar el festival de Eurovisión el próximo 18 de Mayo de 2019. Las semifinales se celebrarán el 14 y 16 del mismo mes.
Tras meses de negociaciones entre la EBU, el gobierno israelí y la emisora pública, KAN, la ciudad costera será la encargada de organizar el certamen en el Pabellón 2 del Centro de Convenciones con capacidad para tan sólo 10.000 personas.
Tel Aviv se impone así a su máxima rival, Jerusalén, después de una dura y larga batalla entre los tres actores implicados en la decisión. Con este anuncio, la KAN ha aceptado la petición de la EBU, que se decantaba por esta ciudad desde el principio para evitar posibles problemas debido a las tensiones que se están viviendo en los últimos tiempos entre israelíes y palestinos. Esta también es, probablemente, la decisión más sensata, ya que, de haberse celebrado en Jerusalén, varias organizaciones y partidos políticos de al menos cuatro países habían pedido a sus gobiernos no participar en Eurovisión 2019. El triunfo de Tel Aviv también constata de nuevo la importancia de respetar las normas de la EBU, que desde el primer momento pidió evitar que se politizase el festival. Fue un día después de que Netta se alzase con el micrófono de cristal cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que Jerusalén sería la sede en 2019.
Esta maniobra no gustó entre las filas de la EBU, que pidieron desde el primer momento que el gobierno no interfiriese en la elección y que la ciudad elegida saliese de un procedimiento abierto a varias candidatas y cumpliendo todos los requisitos y medidas de seguridad exigidas. Al conocer la postura de la EBU, fue el propio Netanyahu junto al ministro de finanzas, Moshe Kahlon; el de comunicaciones, Ayoub Kara, y el fiscal general, Avihai Mandelblit, los que decidieron abrir el proceso y permitir que otras ciudades lucharan por conseguir la sede. Días después comenzó el plazo para enviar las candidaturas y fue entonces cuando se conoció que Tel Aviv y Eilat se unían a la carrera por acoger el festival. Haifa, que también se había rumoreado en un principio, no llegó a presentarse oficialmente.
Una vez superado este primer bache, tanto la organización del festival como la propia emisora israelí han estado en vilo durante semanas por el impago de la fianza de 12 millones que debe abonar el país anfitrión para garantizar la celebración de la superproducción. Poco antes de que se cumpliese el plazo para ingresar esta cantidad se conocía que el gobierno se haría cargo de este pago, ya que la KAN había asegurado que con sus fondos no podía asumir el coste. Días después se daba a conocer que la cadena había dado un ultimátum al Ejecutivo para recibir lo acordado, mientras que el propio Netanyahu criticaba que los directivos de la televisión pública estaban chantajeando al gobierno para elevar su financiación, que ya era de 177 millones de euros. Con esta situación, las acusaciones entre ambas instituciones fueron en aumento, hasta tal punto que el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, culpabilizó a la KAN de la posible pérdida del festival. "Kan puede pagar la fianza en un minuto, si no lo hace estará cometiendo un grave error ya que es una entidad pública que recibe dinero del estado y debe trabajar de acuerdo a las reglas", aseveró en ese momento. Mucho más duro fue el primer ministro que aseguró que si Israel perdía el festival por culpa de la KAN, llevaría una ley al parlamento para cerrarla de nuevo. En vista de los acontecimientos, la EBU dio una prorroga al país para solucionar sus desavenencias y, finalmente, la televisión consiguió que el gobierno aceptase darle un crédito de 12 millones de euros. La EBU devolverá este depósito cuando finalice el certamen y, en el caso de que se trasladase la sede por cuestiones ajenas al canal tales como un conflicto bélico o al boicot europeo, sería el estado el que avalaría dicha devolución. El dinero, que se pide desde la problemática edición de Kiev 2017, serviría para poder organizar el festival en otra sede o, incluso, multar al canal si no cumple sus compromisos.
La EBU ha enviado una carta al gobierno pidiendo garantías de que otorgarán los visados independientemente de las opiniones políticas de los visitantes y permitirá que los concursantes ensayen en shabat. Si bien esto es algo que puede parecer normal en cualquier otro país, en Israel estarían obligando a cambiar sus políticas actuales y, posiblemente, chocar con miembros de la coalición ultraortodoxa. Tal y como anunciaron medios israelíes, un representante del gobierno, preferiblemente Netanyahu, debe asegurar que se cumplirán estas demandas. Además de las dos primeras exigencias, también se ha pedido absoluta libertad de prensa y libertad de expresión a todas las delegaciones durante su estancia allí. Por último, la EBU quiere asegurarse que Israel elimina cualquier restricción religiosa sobre la celebración de actos relacionados con Eurovisión el shabat, que comienza el viernes por la noche y termina el sábado también por la noche.
Tel Aviv se impone así a su máxima rival, Jerusalén, después de una dura y larga batalla entre los tres actores implicados en la decisión. Con este anuncio, la KAN ha aceptado la petición de la EBU, que se decantaba por esta ciudad desde el principio para evitar posibles problemas debido a las tensiones que se están viviendo en los últimos tiempos entre israelíes y palestinos. Esta también es, probablemente, la decisión más sensata, ya que, de haberse celebrado en Jerusalén, varias organizaciones y partidos políticos de al menos cuatro países habían pedido a sus gobiernos no participar en Eurovisión 2019. El triunfo de Tel Aviv también constata de nuevo la importancia de respetar las normas de la EBU, que desde el primer momento pidió evitar que se politizase el festival. Fue un día después de que Netta se alzase con el micrófono de cristal cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que Jerusalén sería la sede en 2019.
Esta maniobra no gustó entre las filas de la EBU, que pidieron desde el primer momento que el gobierno no interfiriese en la elección y que la ciudad elegida saliese de un procedimiento abierto a varias candidatas y cumpliendo todos los requisitos y medidas de seguridad exigidas. Al conocer la postura de la EBU, fue el propio Netanyahu junto al ministro de finanzas, Moshe Kahlon; el de comunicaciones, Ayoub Kara, y el fiscal general, Avihai Mandelblit, los que decidieron abrir el proceso y permitir que otras ciudades lucharan por conseguir la sede. Días después comenzó el plazo para enviar las candidaturas y fue entonces cuando se conoció que Tel Aviv y Eilat se unían a la carrera por acoger el festival. Haifa, que también se había rumoreado en un principio, no llegó a presentarse oficialmente.
Una vez superado este primer bache, tanto la organización del festival como la propia emisora israelí han estado en vilo durante semanas por el impago de la fianza de 12 millones que debe abonar el país anfitrión para garantizar la celebración de la superproducción. Poco antes de que se cumpliese el plazo para ingresar esta cantidad se conocía que el gobierno se haría cargo de este pago, ya que la KAN había asegurado que con sus fondos no podía asumir el coste. Días después se daba a conocer que la cadena había dado un ultimátum al Ejecutivo para recibir lo acordado, mientras que el propio Netanyahu criticaba que los directivos de la televisión pública estaban chantajeando al gobierno para elevar su financiación, que ya era de 177 millones de euros. Con esta situación, las acusaciones entre ambas instituciones fueron en aumento, hasta tal punto que el ministro de Finanzas, Moshe Kahlon, culpabilizó a la KAN de la posible pérdida del festival. "Kan puede pagar la fianza en un minuto, si no lo hace estará cometiendo un grave error ya que es una entidad pública que recibe dinero del estado y debe trabajar de acuerdo a las reglas", aseveró en ese momento. Mucho más duro fue el primer ministro que aseguró que si Israel perdía el festival por culpa de la KAN, llevaría una ley al parlamento para cerrarla de nuevo. En vista de los acontecimientos, la EBU dio una prorroga al país para solucionar sus desavenencias y, finalmente, la televisión consiguió que el gobierno aceptase darle un crédito de 12 millones de euros. La EBU devolverá este depósito cuando finalice el certamen y, en el caso de que se trasladase la sede por cuestiones ajenas al canal tales como un conflicto bélico o al boicot europeo, sería el estado el que avalaría dicha devolución. El dinero, que se pide desde la problemática edición de Kiev 2017, serviría para poder organizar el festival en otra sede o, incluso, multar al canal si no cumple sus compromisos.
La EBU ha enviado una carta al gobierno pidiendo garantías de que otorgarán los visados independientemente de las opiniones políticas de los visitantes y permitirá que los concursantes ensayen en shabat. Si bien esto es algo que puede parecer normal en cualquier otro país, en Israel estarían obligando a cambiar sus políticas actuales y, posiblemente, chocar con miembros de la coalición ultraortodoxa. Tal y como anunciaron medios israelíes, un representante del gobierno, preferiblemente Netanyahu, debe asegurar que se cumplirán estas demandas. Además de las dos primeras exigencias, también se ha pedido absoluta libertad de prensa y libertad de expresión a todas las delegaciones durante su estancia allí. Por último, la EBU quiere asegurarse que Israel elimina cualquier restricción religiosa sobre la celebración de actos relacionados con Eurovisión el shabat, que comienza el viernes por la noche y termina el sábado también por la noche.
Comentarios
Publicar un comentario